El oficialismo intentó cerrar el debate de la Ley Bases este miércoles, con la intención de convertir el texto en dictamen. Sin embargo, no logró reunir las firmas necesarias debido a la falta de avales de la oposición dialoguista, lo que impidió que el proyecto avanzara al recinto.
Como resultado, se decidió pasar a un cuarto intermedio, lo que representa un duro revés para las negociaciones lideradas por el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había asegurado en varias ocasiones que se habían alcanzado consensos sólidos.
El análisis de la Ley Bases se llevó a cabo en tres comisiones: Presupuesto y Hacienda, Legislación General, y Asuntos Constitucionales. La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista Ezequiel Atauche, cuenta con 17 miembros, de los cuales 10 pertenecen al oficialismo y la oposición dialoguista, y el resto al kirchnerismo.
La comisión de Legislación General, encabezada por Bartolomé Abdala, y la de Asuntos Constitucionales, liderada por el peronista disidente Edgardo Kueider, presentan una distribución similar.
Para que un dictamen sea válido, se necesitan las firmas de la mitad más uno de los integrantes de cada comisión. Aunque existen posibilidades de que se presenten varios despachos, ninguno logró alcanzar el número requerido de rúbricas este miércoles.
El santacruceño José María Carambia, integrante de una de las comisiones, anunció que presentará un despacho propio, sin definir una fecha específica, lo que restó una firma crucial para el oficialismo. En la misma línea, el radical Martín Lousteau adelantó que impulsará un dictamen «como si fuera una ley nueva».
Durante el plenario, Abdala aseguró que la discusión no fue de «tipo dictatorial» y que se había dialogado y escuchado sugerencias. José Mayans, jefe del kirchnerismo en el Senado, instó a Abdala a aclarar si el oficialismo tenía o no un dictamen. Guadalupe Tagliaferri (Pro) cuestionó la falta de claridad sobre qué se estaba firmando y criticó aspectos del proyecto, especialmente en relación con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).
El peronista disidente Juan Carlos Romero señaló que un mecanismo «parcial» sería una mejor solución para Aerolíneas Argentinas, argumentando que continuar como Sociedad Anónima podría llevarla a la quiebra. Martín Lousteau criticó las modificaciones como «cosméticas» y advirtió sobre las «ventajas enormes» del RIGI en detrimento del mercado local.
Juliana Di Tullio (Frente para la Victoria) enfatizó que, con el proyecto, «tres de cada 10 argentinos se van a jubilar» y que ninguna mujer lo hará, ya que se las obligaría a trabajar cinco años más. El radical Pablo Blanco reiteró su oposición a la delegación de facultades y a la privatización de empresas públicas, aunque confirmó que firmaría el dictamen.
Ante la falta de acuerdos, Abdala decidió no cerrar el debate y pasar a un cuarto intermedio sin fecha definida. «Es un tiempo importante para saber cuáles se anotan y, si prospera, este mismo Cuerpo podrá postergar por otros dos. O lo podemos dejar eterno, porque captamos dinero que no está entrando en la Argentina», explicó, reconociendo que la redacción actual «no es feliz y no satisface», según la camporista Anabel Fernández Sagasti.
