Una joven de 18 años sufrió un ataque sexual el pasado 26 de abril en el barrio Belgrano, en la ciudad de Corrientes, y desde entonces su familia exige a la Justicia que ordene la detención del presunto agresor: su propio tío, un integrante del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
El abuso fue denunciado la misma noche del hecho en la comisaría Quinta, tras el relato inmediato de la joven a sus padres. Los estudios médicos confirmaron la existencia de abuso con acceso carnal. Según la familia, el acusado, de apellido Blanco (45 años), aprovechó un momento de vulnerabilidad de la joven para manosearla y luego violarla, dejándola en estado de shock.
Leonardo, el padre de la víctima, expresó públicamente su indignación y angustia: “Mi hija está atravesando el peor momento de su vida. Llora todo el tiempo, está deprimida, ya tuvo un intento de suicidio y cada vez que la llaman a declarar le agarran crisis muy difíciles de contener. El daño físico y emocional que le causó es indescriptible y él lo sabe, por eso está desaparecido”.
El hombre también manifestó su sorpresa y enojo por la falta de medidas concretas por parte de la Justicia: “Estamos defraudados porque esta persona anda libre por las calles después de lo que hizo. Lo único que ordenaron fue su exclusión del hogar, pero sigue trabajando y usando el uniforme del Servicio Penitenciario, lo cual es ilegal porque ya fue apartado”.
El acusado ya habría sido separado de sus funciones por una resolución interna del SPP que lo colocó en situación pasiva desde el 5 de mayo, pero la familia denuncia que continúa desempeñándose en actividades adicionales con el uniforme penitenciario. Además, sospechan que podría portar un arma de fuego no reglamentaria.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N°7, encabezada por el doctor Pablo Daniel Sosa, pero aún no se dispuso la detención del sospechoso a pesar de que la familia asegura que existen pruebas contundentes del ataque, incluidos estudios médicos y testimonios.
La familia de la joven exige que la Justicia actúe con urgencia para garantizar la seguridad de la víctima y de otras mujeres. “Es un peligro que esté libre, exigimos que esté preso hasta su juicio”, remarcaron.
Por su parte, el Servicio Penitenciario Provincial emitió un comunicado informando que el acusado fue puesto en situación pasiva hasta que se resuelva su situación judicial, y destacó que la medida se tomó en cumplimiento de la Ley 4044 del Personal Penitenciario.
El caso genera conmoción y reabre el debate sobre la celeridad y efectividad del sistema judicial para garantizar justicia y protección a las víctimas de violencia sexual.
