Piden exigir por ley que para ser diputado se acredite, al menos, estudios secundarios

«Es necesario que quienes integren ambas Cámaras tengan, al menos, sus estudios secundarios completos y una formación sólida que les permita comprender las implicancias de cada ley y sus decisiones», explicó Martínez en declaraciones periodísticas. De acuerdo con el texto ingresado, se propone la modificación del artículo 33 de la Ley Orgánica de los partidos políticos, que establece quiénes no pueden ser precandidatos a elecciones primarias, candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales o cargos partidarios. En ese punto se incluiría como condición «sine qua non» exigir niveles educativos completos a todos. También, los diputados y senadores estarían obligados a realizar una capacitación dictada por el Congreso de la Nación que incluiría materias sobre el funcionamiento de los órganos del Estado.  «Así empezaríamos a elevar la calidad del Parlamento», argumentó el mendocino.

La iniciativa claramente entrará en una disputa ideológica entre los distintos bloques, teniendo en cuenta que, en la historia de nuestro país, esta exigencia jamás llegó a ser siquiera planteada en ninguna de las oportunidades en que fue convocada a una Convención de Reforma Constitucional.

De acuerdo con la Legislación actual, las únicas personas que no pueden ser candidatos a legislador nacional son:

·         Quienes están excluidos del padrón electoral por disposiciones legales vigentes.

·         Personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad (o en Retiro, si hubieran sido llamados a prestar servicios).

·         Personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las Provincias.

·         Magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tribunales de faltas municipales.

·         Quienes ocupen cargos directivos o fueren apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.

·         Quienes estén procesados por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

·         Personas que hayan sido condenadas por los crímenes descriptos en el inciso anterior aun cuando la resolución judicial no fuere susceptible de ejecución.