El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello, fue aceptado como querellante en la causa que investiga a un grupo de piqueteros por extorsión y defraudación contra beneficiarios de planes sociales. El juez federal Sebastián Casanello otorgó esta aceptación, permitiendo que el gobierno participe activamente en el expediente como acusador y sugiera medidas de prueba.
Leila Gianni, subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, argumentó la solicitud destacando la legitimidad del ministerio para actuar en la causa debido a la naturaleza de los delitos investigados, relacionados con el fraude fiscal en planes sociales. «Este Ministerio de Capital Humano resulta a todas luces legitimado para actuar como parte en autos atento a la naturaleza de las cuestiones ventiladas en el caso, del fraude fiscal (planes sociales) e incluso por el carácter de co-denunciante de los delitos que se investigan en el marco de las causas que integran la litis», declaró Gianni.
Capital Humano también señaló que rechazar su participación como querellante sería contradictorio y perjudicial para el Estado Nacional, impidiéndole formar parte del proceso.
En paralelo, la Justicia federal firmó este lunes la exención de prisión para los 27 dirigentes sociales imputados en esta causa, como informó el diario Clarín. Los imputados, integrantes de movimientos como el Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha, están acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales, principalmente del programa Potenciar Trabajo. Estos dirigentes han sido citados a indagatoria en el marco de la investigación.
La acción penal fue impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Gerardo Pollicita, tras una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad. Esta denuncia se basó en más de 900 llamadas recibidas en la línea 134, reportando casos de extorsión para asistir a una de las primeras movilizaciones contra el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había solicitado asumir como querellante en el caso contra los imputados, pero el juez Casanello rechazó su pedido. El juez argumentó que el ministerio ya había actuado como brazo auxiliar en el expediente, participando en los 27 operativos realizados y encargándose de diversas pericias de los dispositivos celulares secuestrados.
Con esta nueva incorporación, el Ministerio de Capital Humano refuerza su compromiso en la lucha contra la extorsión y el fraude en el sistema de planes sociales, buscando justicia para los beneficiarios afectados.
«Los bienes jurídicos tutelados y los efectos de las conductas imputadas demuestran que la ministra no puede asumirse, en términos legales, como particularmente ofendida. Tampoco debe perderse de vista que no resulta suficiente alegar que aquí se investigan hechos ‘que causan graves perjuicios a la Nación en su conjunto’, pues ello por sí solo no la habilita a querellar», había sostenido Casanello en su decisión.
