El Gobierno nacional anunció la desvinculación de 2.400 empleados del Ministerio de Justicia, señalando que sus contrataciones se realizaron de manera irregular durante décadas. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó además la eliminación de incentivos económicos destinados a capacitaciones laborales, argumentando que estos pagos, en la práctica, no correspondían con la formación efectiva del personal. La decisión forma parte de la reducción del gasto estatal que promueve la gestión actual.
Según explicaron desde la Casa Rosada, los despidos responden a un proceso de revisión de la planta laboral en el Estado. Las contrataciones afectadas, precisó Adorni, se realizaron «por fuera de los mecanismos previstos» y significaban una carga presupuestaria considerable. En paralelo, el Gobierno dispuso el fin del pago de incentivos dentro del Ministerio, un gasto que representaba 15.600 millones de pesos anuales y que, según denunciaron, terminó desvirtuado al incorporarse como parte fija del salario sin cumplir con su objetivo inicial de formación.
