El último jueves, el legislador trumpista Ted Cruz, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exigió al secretario de Estado, Anthony Blinken, que Cristina Fernández de Kirchner sea catalogada como corrupta y que se le impida a ella y a sus familiares el ingreso a Estados Unidos. La semana pasada, ocho meses antes de las elecciones en Paraguay, el candidato a Presidente Hugo Velázquez –actual Vicepresidente del país– fue catalogado como “significativamente corrupto” por el embajador en Asunción, Marc Ostfield, motivo por el cual renunció a su candidatura.
La criminalización política desplegada en Latinoamérica y el Caribe desde hace dos décadas es una decisión geopolítica resuelta por Washington, para darle continuidad al control del denominado “hemisferio occidental”, luego del desgaste de los golpes militares genocidas ejecutados durante todo el siglo XX y parte del anterior. El dispositivo –que de todas formas no descarta de plano la asonada policial-militar, como quedó demostrado en Bolivia en 2019– tiene como soportes primordiales a los medios de comunicación acólitos y a fracciones de los poderes judiciales, cooptados por (y para) el entramado neoliberal. Las causas judiciales que impulsan suelen originarse en denuncias domésticas o pueden apalancarse utilizando soportes corporativos de información, que orientan a la opinión pública con datos falsos o tergiversados, aptos para iniciar el escándalo imprescindible para traducirse en una posterior persecución penal.
La ofensiva contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue iniciada a nivel local pero ya cuenta con diversos amplificadores en el norte, todos ellos con vinculaciones con prohombres asentados en Comodoro Py. El director del Argentina Project del Wilson Center –una fundación encargada de hacer lobby a favor de los empresarios estadounidenses e impedir los lazos de Buenos Aires con Beijing– consideró que el cuestionamiento de Alberto Fernández al fiscal que acusa a Cristina, Diego Luciani, “no tranquiliza a las inversores”. El Wilson Center mantiene como afiliado a su Centro a Mariano Borinsky, uno de los magistrados de casación que deberá recibir la posible apelación de los defensores de la Vicepresidenta en el caso de que el Tribunal Oral Federal 2 decida fallar en su contra.
El alegato del fiscal federal Luciani y la réplica difundida por Cristina Fernández de Kirchner generaron repercusiones internacionales, sobre todo en América Latina y el Caribe. Algunas de esas reverberaciones fueron distribuidas por la tupida red de corporaciones comunicacionales asociadas a los criterios instituidos por el Departamento de Estado, cuyo lema injerencista más utilizado, luego del denominado consenso de Washington, se rotula “lucha contra la corrupción”.
Las primeras evidencias del uso sistémico de la Justicia como herramienta para la defensa irrestricta del modelo neoliberal se registran a principios del siglo XXI, cuando el esquema de los golpes militares quedó expuesto con toda crudeza con sus cifras de aniquilamientos, desapariciones y la correspondiente pérdida del Estado de derecho. Desde fines de la centuria pasada, las fundaciones y los centros de estudio de diversas universidades estadounidenses articulados con think tanks propusieron innovadores modelos destinados a sostener la hegemonía de Washington. El objetivo estratégico de esas propuestas consistía en darle continuidad a la maximización de beneficios de las empresas trasnacionales y el mercado financiero asociado intrínsecamente a ellas. Se buscaba suplir el formato de la Doctrina de la Seguridad Nacional, por otro sistema apto para responder a los mismos intereses geoestratégicos, orientados a garantizar el unilateralismo.
A partir de 2007, se suceden tres lustros de criminalización política destinados a condicionar a gobiernos de cariz soberanista y a hostigar a dirigentes populares refractarios a las lógicas neoliberales. En ese año, el Presidente hondureño Manuel Zelaya fue sometido en tiempo récord a un juicio político impulsado por las elites locales, en connivencia con los CEOs de las empresas transnacionales y la delegación diplomática de Estados Unidos en Tegucigalpa. Un año después se inició en la Argentina el hostigamiento jurídico-político contra Cristina Fernández de Kirchner, por parte de una alianza entre sectores terratenientes y mediáticos, avalada por las corporaciones empresariales ligadas a Washington. Durante ese mismo año se produjo una intentona golpista contra el mandatario boliviano Evo Morales impulsada por las empresas energéticas extranjeras, disgustadas por las nacionalizaciones en curso. La ofensiva incluyó la denuncia de una paternidad que la Justicia desechó luego de llevar a cabo los análisis de ADN respectivos.
