Previo a la sesión donde se debatirá la expulsión del senador Edgardo Kueider, la jueza Arroyo Salgado elevó un pedido de detención y desafuero para el miembro de la Cámara Alta.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó formalmente el desafuero del senador nacional Edgardo Kueider, acusado de enriquecimiento ilícito en el marco de una causa que tramita en la Justicia Federal de San Isidro. El pedido, enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, incluye una solicitud de detención del legislador a través de canales diplomáticos. Sin embargo, su inmunidad parlamentaria requiere que el Senado vote con mayoría especial para habilitar el procedimiento judicial.
El caso ha adquirido una dimensión internacional, ya que Kueider se encuentra con prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay, tras ser detenido en diciembre pasado mientras intentaba ingresar desde Brasil con una suma de USD 211.000 y $600.000 no declarados. Junto a él, su secretaria Iara Guinsel Costa también enfrenta cargos por presunto contrabando y se encuentra bajo las mismas condiciones en la capital paraguaya. Ambos residen en un lujoso departamento mientras las autoridades avanzan en la investigación.
La sesión en el Senado de hoy será determinante. Mientras sectores del kirchnerismo impulsan su expulsión inmediata, el oficialismo y algunos aliados promueven suspenderlo hasta que la Justicia determine su responsabilidad. Esta medida intermedia busca equilibrar las demandas políticas con el respeto a los procedimientos legales. Según la Constitución Nacional, los legisladores gozan de inmunidad hasta que el desafuero sea aprobado por dos tercios de los votos, salvo que sean sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito.
La causa contra Kueider abarca más que el incidente en Paraguay. Arroyo Salgado lo investiga por su presunto vínculo con pagos de coimas en la causa conocida como «Securitas», que involucra a la empresa estatal ENERSA durante su gestión en Entre Ríos. Estas denuncias de corrupción incluyen propiedades no declaradas y sospechosos movimientos de fondos, que la jueza señala como parte de un esquema más amplio de enriquecimiento ilícito.
