Días después de que Susana Giménez le ganara a la AFIP un juicio de unos 50 millones de pesos en concepto de Impuesto sobre los Bienes Personales, el organismo anticipó que apelará el fallo para que se revea la decisión del juez de primera instancia, que determinó que la actriz no realizó ninguna conducta posible de ser considerada engañosa en “los estrictos términos que reclama la ley”.
Ahora buscan que se investigue a la diva por evasión agravada, ya que no presentó sus declaraciones juradas. “Ante el fisco todos los y las constribuyentes tienen las mismas obligaciones. Este es un caso que surge de la matriz de riesgo y el control sistémico que posee el organismo. No realizamos fiscalizaciones a dedo”, expresó Carlos Castagneto, titular de la entidad.
El juez Diego Amarante había dicho que Susana no negó en ningún momento su capacidad fiscal ni hizo artimañas para “desdibujarla”. “En el ejercicio de su derecho constitucional de peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución Nacional) ocurrió ante un órgano jurisdiccional, reclamando aquello que consideraba ajustado a derecho, y que desde su perspectiva influía directamente sobre la determinación que correspondía hacerse del impuesto en cuestión”, sostuvo.
De esta manera, la celebridad solicitó una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 – Expte 2254/21) por el incremento de la alícuota de BP 2019. Esta medida se rechazó por el juzgado, fue apelada y luego solicitó el desistimiento del recurso de apelación cuando se dicta la resolución de Determinación de oficio.
