La jueza federal María Servini ordenó la liberación de 17 personas que habían sido arrestadas durante los incidentes que se produjeron afuera del Congreso por la Ley Bases. Sin embargo, rechazó la excarcelación sobre los otros 16 detenidos.
Servino se escudó en la ‘falta de mérito’ para brindarle la libertad a la mitad de los aprehendidos. Los otros continúan detenidos ya que existen evidencias fílmica y fotográfica. Uno de ellos es Cristian Fernando Valiente, quien tenía en su poder una granada de mano al momento de su detención.
La magistrada indagó a todos los sospechosos que estaban incriminados por haber atentado contra el orden constitucional el pasado miércoles. Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli acusó a los reos de diversas infracciones desde «lesiones» hasta «delitos contra los Poderes Públicos y el Orden Constitucional».
En este contexto, la vicepresidente Victoria Villarruel presentó una denuncia en el juzgado de Servini por lo que considera «un ataque contra el ejercicio democrático». Además, se apersonó como querellante y señaló en su denuncia que los hechos «no tendrían otro objetivo más que interrumpir la sesión». En esta línea Villarruel culpó a sectores vinculados al kirchnerismo.
Además, el legislador porteño Yamil Santoro había denunciado por «terrorismo» a los implicados en los disturbios. Santoro explicó que la denuncia es por la posible comisión de los «delitos de lesiones, daños a fin de impedir el ejercicio de la autoridad; tenencia de armas, atentado y
resistencia a la autoridad, y contra los poderes públicos y el orden constitucional; todos ellos agravados por terrorismo».
