Tras la solicitud del Ejecutivo de congelar los precios de las cuotas por tres meses, y ante la negativa de las empresas del sector, el Gobierno está intensificando la presión y recurriendo a medidas legales.
En respuesta al rechazo de las prepagas a congelar los precios, el Gobierno Nacional anunció que presentará una demanda ante la Comisión de Defensa de la Competencia, la cual ya investiga a estas empresas por presunta cartelización. Además, se espera que la Superintendencia de Servicios de Salud emita una medida cautelar para exigir la reversión de los precios.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por diputados de la Coalición Cívica, quienes acusaron a las empresas de medicina prepaga de cartelización para coordinar los aumentos de precios. La Comisión de Defensa de la Competencia, bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, está llevando a cabo esta investigación, que podría resultar en sanciones económicas severas si se comprueba el delito.
El conflicto se agravó después de que el Gobierno propusiera a las empresas congelar los aumentos por 90 días, a lo que estas respondieron que solo podrían considerar un aumento cero a partir de junio o julio, argumentando un rezago significativo con respecto a la inflación.
Tras la negativa de las prepagas, el diálogo entre ambas partes se rompió, y las tensiones aumentaron. El ministro de Economía, Luis Caputo, incluso advirtió que las empresas estaban «declarando la guerra a la clase media» al resistirse a congelar los precios.
Luego de que se manifestara el ministro, las prepagas pidieron una audiencia urgente con Caputo y expresaron: «Entendemos que la situación es de extrema gravedad, por lo que las empresas pretenden no polemizar a través de los medios, sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al Gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado», expresaron en el escrito.
