El Congreso de Perú volvió a aplazar el debate, pero aún podrán hacerse este año las elecciones
Fue aplazado nuevamente hoy, en principio hasta mañana, el debate y la votación sobre el eventual adelantamiento de las elecciones generales para este año.
La medida es reclamada por el gobierno y buena parte de la opinión pública como vía para solucionar la crisis política desatada en diciembre a partir de la destitución del presidente Pedro Castillo.
Paralelamente, el parlamento resolvió extender hasta el 10 de febrero el actual período legislativo, que en principio vencía hoy y que de ese modo le ponía límite a la posibilidad de celebrar los comicios este año.
La sesión del Congreso, que sufrió de este modo la tercera postergación consecutiva, quedó programada para mañana a las 11 (las 13 en la Argentina), informó su presidente, José Williams, en Twitter.
La decisión fue adoptada “con la finalidad de encontrar consenso entre la representación nacional y ante el pedido del presidente de la Comisión de Constitución”, explicó Williams.
El debate había sido programado en principio para ayer y aplazado sucesivamente para esta mañana y esta tarde, en medio de febriles negociaciones entre las autoridades de la Comisión de Constitución y representantes de las diversas bancadas, que aún seguían sin haber alcanzado un consenso, según la radio limeña RPP.
De acuerdo con la legislación peruana, el adelantamiento de elecciones, que implica una reforma de la Constitución, debe ser aprobada por dos legislaturas anuales consecutivas y hoy finalizaba la primera, que fue extendida hoy mismo hasta el 10 de febrero.
Si no se hubiera prorrogado ese período, la decisión sobre el anticipo de los comicios habría quedado postergada al menos por un año y habría sido imposible celebrarlos este año.
Los legisladores habían acordado reabrir ayer el debate sobre el eventual anticipo de las elecciones a octubre de este año, después de que la semana pasada no se hubieran alcanzado en el pleno los votos suficientes para aprobarlo.
El adelantamiento de los comicios es visto por la mayoría de la opinión peruana como la forma más efectiva de contener las protestas que estallaron el 7 de diciembre pasado, tras la destitución de Castillo, y que dejaron decenas de muertos.
Los sucesivos aplazamientos del debate se debieron en buena medida a la sorpresiva decisión del bloque de Acción Popular (AP, de centro) de votar contra el adelantamiento de los comicios a este año.
La mayoría de AP se sumó de esa forma a los bloques de izquierda, entre ellos Perú Libre, y al del ultraconservador Renovación Popular.
Los partidos de izquierda consideran que la propuesta debe incluir un referendo sobre una convocatoria a una asamblea constituyente.
En cambio, la presidenta Dina Boluarte y el partido populista de derecha Fuerza Popular (FP, fujimorista y el más numeroso en el parlamento, aunque lejos de tener mayoría propia) abogan por anticipar las elecciones para este año y no para abril de 2024, como estableció el Congreso en diciembre.
Mientras las protestas aumentaban en ciudades del sur del país, tropas de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apostaron en los puntos de ingreso al aeropuerto internacional Jorge Chávez, en El Callao -al sur de la ciudad de Lima- ante una manifestación que transcurría muy cerca de la terminal aérea.
Paralelamente, decenas de campesinos aimaras marchaban exigiendo la renuncia de la presidenta en la ciudad andina de Juliaca, en la región sureña de Puno (a 1.350 kilómetros de Lima), según la agencia de noticias AFP.
Al grito de “el pueblo unido jamás será vencido”, los campesinos con trajes típicos se movilizaron por las calles de Juliaca, donde el 9 de este mes fallecieron 18 personas en choques con las fuerzas del orden.
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