En una semana turbulenta para el Gobierno, el Senado aprobó el jueves una nueva ley de movilidad jubilatoria con una amplia mayoría, alineando al PRO, la UCR y el kirchnerismo en un voto conjunto. La ley establece una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación adicional para ajustar la inflación, pero ha generado una inmediata y fuerte reacción desde la Casa Rosada.
El presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley, argumentando que el proyecto comprometería las cuentas públicas y que implicaría un gasto adicional del 1,2% del PBI. Esta postura recibió el respaldo del expresidente Mauricio Macri, quien en un mensaje reciente apoyó el veto y criticó a los senadores que aprobaron la ley por su historial en materia de gasto público y corrupción.
El senador Luis Juez, quien defendió el voto del PRO en el Senado, explicó que la decisión de apoyar la ley fue el resultado de un acuerdo previo con el Gobierno. Según Juez, el bloque del PRO rechazó ciertos artículos de la ley que el Ejecutivo había identificado como perjudiciales para el equilibrio fiscal, cumpliendo con la palabra empeñada en las negociaciones.
«Nosotros estuvimos trabajando durante 15 días buscando soluciones y alternativas. Con claridad, el Gobierno dijo que si votábamos el artículo 2, el 4 y el 10 lo poníamos en un quebranto. Y en el marco de esas conversaciones fue lo que se votó«, sostuvo Juez durante una entrevista en Radio Mitre.
Tras insistir con que en el Senado se necesitan construir mayorías, a diferencia con lo que ocurre en Diputados, Juez contó que ayer al mediodía mantuvo una reunión por Zoom con Macri, y dijo que seguramente el expresidente no estaba enterado de las negociaciones al publicar su apoyo al veto presidencial.
«Ya no es mi tarea, yo no soy funcionario del Gobierno. Los funcionarios deberán explicarle al Presidente qué estrategia se dio en el Senado. Hay que construir puentes, relaciones. El kirchnerismo es un bloque fuerte con 33 senadores. Es muy complicado», añadió Juez
El debate sobre la ley de movilidad jubilatoria continúa, con el futuro de la normativa en manos del veto presidencial y la reacción del Congreso.
