La organización operaba en Corrientes capital y contaba, dentro de sus filas, con una abogada que facilitaría los trámites para adulterar escrituras y títulos de propiedad ante la oficina de Catastro de Corrientes y una empleada de este lugar que funcionaría de nexo para aportar información a la organización.
Se los acusa de falsificación de instrumento público, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La denuncia fue realizada en agosto del año pasado por la asesoría legal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, que advirtieron las irregularidades en las inscripciones registrales de inmuebles con prescripciones adquisitivas. Ante la complejidad de la causa y las personas involucradas se solicitó que intervenga Prefectura Naval.
Durante el procedimiento, resultado de una investigación llevada a cabo por miembros de la Institución, se realizaron ocho allanamientos de manera simultánea a domicilios particulares, una Escribanía y dos Estudios Jurídicos, donde Prefectura detuvo a tres mujeres y dos hombres.
Además, durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción n° 3 a cargo de la Dra. María Josefina González Cabañas, se secuestró dinero en efectivo: casi un millón y medio de pesos en moneda nacional, cerca de 60.000 dólares, más de 3.000 euros, 1600 reales y 3.194.000 guaraníes, y documentación de interés para la causa (títulos de propiedad, escrituras, planos, entre otros).
Cabe destacar que uno de los domicilios allanados fue en Santa Ana (Corrientes) donde se encontró gran cantidad de documentación adulterada como boletos de compra y venta, planos, escrituras, y casi 250 Documentos Nacionales de Identidad.
Fuente: Diario 21
