En medio de la denuncia por violencia de género, Alberto Fernández salió en defensa de Tamara Pettinato tras la circulación de un video que los muestra juntos en la Casa Rosada. Según el expresidente, el material, obtenido sin su consentimiento, generó rumores infundados que no reflejan lo que realmente ocurrió en el despacho presidencial.
Fernández señaló directamente a su exesposa, Fabiola Yáñez, como responsable de acceder a su cuenta privada y de difundir las imágenes con el propósito de humillarlo públicamente y dañar su reputación. Según la denuncia presentada por Fernández, esta situación no solo lo afecta a él, sino también a Pettinato, quien ha sido víctima de un «maltrato mediático» injustificado.
«Tamara Pettinato es una persona a quien conozco hace muchos años, sé de su integridad y solo mantuvo un almuerzo conmigo tras un reportaje que me hizo en los términos de cordialidad y jocosidad propios del vínculo de confianza que nos une«, explicó Fernández.
El expresidente también expresó su preocupación por el impacto de la difusión del video en su vida personal y en la de terceros, subrayando que Yáñez descontextualizó las imágenes con la intención de perjudicarlo y aprovechar la situación para obtener atención mediática.
«La imputada (Yáñez) no solo me está dañando y afectando a gente que nada tiene que ver con los procesos judiciales en los que nos encontramos inmersos, produciendo una descontextualización de imágenes que solo pretende humillarme y que muchos aprovechan para vender puntos de rating«, sostuvo.
Fernández también recordó su compromiso histórico con la defensa de los derechos de la mujer y las diversidades, y aseguró que la difusión del video representa una clara forma de violencia de género hacia Pettinato. «Toda mi vida he impulsado políticas de defensa de los derechos de la mujer y las diversidades y con la difusión de ese video se ha sometido a una mujer a una indiscutible violencia de género«, agregó.
Finalmente, Fernández exigió una medida cautelar basada en la Ley Olimpia para frenar la publicación o reproducción de cualquier material que implique una vulneración de derechos, señalando que ha sido víctima de una intromisión ilegal en su privacidad. «Es indudable que he sido víctima de una intromisión ilícita en mi privacidad por parte de terceros y es un deber estatal que se recobre el estado de derecho a fin de sancionar dichas conductas«, concluyó.
