La adhesión de los gremios del transporte público marcará el impacto de la huelga. La medida no modificaría las decisiones del Gobierno en lo económico. En Resistencia hay acatamiento y se espera una jornada complicada para quienes asistirán a sus puestos de trabajo.
En medio del decisivo trámite de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, y en un contexto económico-social crítico por el fuerte deterioro del poder adquisitivos de los trabajadores, jubilados y los sectores más vulnerables, pese a la desaceleración de la inflación de las últimas semanas, la CGT concreta este jueves un nuevo paro general contra Javier Milei. Es la segunda huelga resuelta por la central obrera a 5 meses de la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada, pero sumará un elemento diferenciador clave respecto al primer paro de 12 horas del 24 de enero: la adhesión de los gremios del transporte público, que será determinante para la expectativa sindical de garantizar el éxito de la medida de fuerza.
La medida de los trabajadores en rechazo a las políticas del Gobierno nacional también tendrá su réplica en Resistencia. Tal como adelantó ayer este medio, habrán varios servicios y oficinas que no brindarán atención por sumarse al paro general.
La huelga es un reflejo de las idas y vueltas en la compleja relación que Milei estrechó con el sindicalismo desde el 10 de diciembre. Semanas atrás el Gobierno inició un acercamiento con la cúpula de la CGT que permitió habilitar un canal de diálogo y a partir de allí gestionar con la dirigencia gremial un hachazo sustancial de la reforma laboral incluida en la Ley Bases, pero los gestos no terminaron de conformar a los sindicalistas.
Montados sobre el repudio a la presión oficial por imponer un techo a las paritarias y al impacto de las políticas de ajuste sobre múltiples sectores, los espacios más duros de la central obrera redoblaron su ofensiva y forzaron a los grupos más dialoguistas, la alianza que componen «gordos» e «independientes» y que dominan la cúpula de la entidad, a asumir un rol más confrontativo con la Casa Rosada.
Frente al endurecimiento sindical el Gobierno desistió de nuevas gestiones para intentar frenar el paro y mostró una posición más crítica hacia la dirigencia cegetista. Desautorizó los argumentos de la medida de fuerza: «No tiene pies ni cabeza, acuso el ministro del Interior, Guillermo Francos. En tanto que Patricia Bullrich advirtió que se aplicará el protocolo antipiquetes durante la huelga -aunque no están previstas movilizaciones- y que se mantendrá habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones, y el vocero Manuel Adorni anunció que se descontará el día a los trabajadores estatales que se sumen al paro.
«Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra», afirmó Adorni y, tras reforzar la crítica por la docilidad de la CGT con el gobierno de Alberto Fernández, reprochó: «paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre». «No vas a tener ni quién te sirva el café, Adorni», le retrucó Rodolfo Aguiar, el titular de ATE, uno de los gremios de la CTA Autónoma que junto a la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky se plegarán a la protesta.
También el propio Milei hizo un fuerte posteo contra el paro general convocado por la CGT. «Yo no paro», dice la inscripción que levantó el mandatario en una fotografía intervenida que publicó en su cuenta de Instagram.
Las advertencias oficiales por el paro se extendieron: la Secretaría de Transporte anticipó este miércoles que se recortarán los subsidios estatales a las empresas de colectivos que no presten servicio durante el paro general.
La protesta en el transporte de pasajeros será total: tampoco funcionarán los trenes, los subterráneos porteños, el servicio de taxis y se paralizará la actividad aerocomercial. Con ese cuadro, desde la CGT se entusiasman con una huelga contundente y total («un parazo», según la definición de su conducción), aunque descreen que el éxito de la medida pueda forzar cambios sustanciales de la gestión de Milei en el corto plazo.
La adhesión del transporte constituirá un elemento crucial para paralizar o afectar el normal funcionamiento del otras actividades. Durante toda la jornada no funcionará la atención en los bancos públicos y privados, no se dictarán clases en escuelas y universidades, en tanto que en los hospitales públicos solo se atenderán urgencias.
En lagunos casos, se verá alterado el normal funcionamiento de supermercados, comercios de cercanía, bares y restaurantes, farmacias y en las estaciones de servicio. No habrá transporte de mercaderías, combustibles y recolección de residuos, en tanto que se paralizarán los servicios de correo postal. Además, la actividad industrial en sus diferentes ramas se verá restringida por la medida de fuerza, mientras el parate en los puertos será total, lo que afectará el comercio agroexportador y las importaciones.
Por la adhesión de los dos principales gremios de estatales, UPCN y ATE, no habrá atención en los organismos públicos y quedará afectada la actividad de la administración pública nacional, un efecto que se extenderá también a provincias y municipios.
